El ministro de Justicia y Derechos Humanos presidió la novena sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), órgano multisectorial encargado de planificar, articular, supervisar y dar seguimiento a las políticas de Estado para combatir la criminalidad.

La cita convocó a las más altas autoridades del país en este campo, como el presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez, el ministro del Interior José Luis Pérez Guadalupe; el Jefe del INPE, Julio Magán Zevallos, y representantes de la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, gobiernos regionales y municipios.

El punto principal de agenda fue la aprobación de la Política Nacional Penitenciaria. En la sesión de diciembre de 2015 se expuso el diagnóstico sobre la proyección de sobrepoblación penitenciaria en los próximos veinte años, y el déficit en infraestructura.

De acuerdo a los lineamientos de CONAPOC, la política penitenciaria tiene tres ejes: el sistema de justicia penal, el tratamiento destinado a la rehabilitación, y la resocialización orientada a favorecer el vínculo del interno con la sociedad.

Debido a ello, sus miembros decidieron diseñar e implementar una política penitenciaria con visión multisectorial, enfoque sistémico y transversal, y tratar el problema más allá de la construcción de establecimientos penitenciarios.

PLAN DE ACCIÓN

“Este propósito es parte de un proyecto de país, y hemos venido trabajando a través de la secretaría técnica del Consejo en una propuesta de política nacional penitenciaria, con miras a una visión intersectorial que supone la acción conjunta”, mencionó el ministro tras la aprobación de la Política Nacional y del Plan de Acción Penitenciaria.

Recordó que, de no implementarse estos instrumentos, en dos décadas el Estado contará con más de 222 mil internos para una capacidad de albergue de 58 mil, considerando los escasos recursos públicos.

El titular del sector agradeció la participación de todos los sectores involucrados en el CONAPOC y sus aportes técnicos. “Esto evidencia la sensibilidad y el compromiso de nuestras instituciones, frente a la realidad penitenciaria. El paso siguiente es otorgar la cobertura legal necesaria e iniciar una estrategia comunicacional para avanzar en esta política”, concluyó.

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